COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) -  El incipiente debate por la frazada corta en que se han convertido los ingresos de Chubut, frente al elevado nivel de gasto público, terminó incorporando también el cuestionamiento hacia el costo de ámbitos políticos de la provincia, particularmente con la circulación de listados de presuntos ingresos salariales en el Poder Legislativo y otros ámbitos del Estado. 

¿Está el sistema dispuesto a aceptar una depuración completa de todos los excesos y abusos sobre los fondos públicos?

Ni la incorporación de 900 millones de pesos aprobada por Legislatura el jueves –mediante la conversión de 15 millones de dólares remanentes de uno de los bonos colocados en 2016- ni la colocación de letras por 500 millones de pesos, por las que habrá que devolver 555 en dos meses, significan por ahora una solución a los acuciantes problemas de Chubut. 

El déficit entre ingresos y gastos continúa presente y no se vislumbra una solución inmediata.

Impuestos de emergencia

En ese marco de ingresos insuficientes para atender a todos los gastos de funcionamiento de la provincia, surgen presiones y reclamos cruzados, que van desde el cuestionamiento formulado desde el Poder Ejecutivo hacia los sueldos del “cafetero de la Legislatura”, que al parecer gana 80.000 pesos por mes, como desde la expectativa gremial que apunta a crear un esquema impositivo de emergencia que no será tratado por los diputados, al menos no en el modo que los sindicatos estatales pretenden.

es posible que se discuta un proyecto alternativo, que apunta a compatibilizar la ley de obligaciones tributarias para actualizar tasas a determinados sectores, como el ámbito rural: “no hay ninguna emergencia agropecuaria y la Federación rural sabe que no están pagando el inmobiliario rural”, precisó la diputada Gabriela Doufur, que trabaja en uno de estos proyectos. 

“En la pesca hay sectores que no están pagando”, añadió. También se evalúa una iniciativa para cobrar un impuesto especial a los campos que se alquilan para la explotación de proyectos eólicos, según mencionó la diputada Viviana Navarro en los últimos días.

Los gremios estatales impulsan una iniciativa que busca establecer gravámenes de emergencia a actividades como la producción de aluminio, los grandes latifundios y la producción petrolera, a la que han afectado especialmente con los piquetes y cortes de ruta en las últimas dos semanas. 

Bajo la creencia de que sólo el costo de mantenimiento debe ser considerado a la hora de medir la renta petrolera –sin considerar costos de desarrollo, instalaciones ni regalías, que en Chubut son de casi 15 puntos-, distintos especialistas en el tema aseguran que la fijación de un impuesto adicional sólo serviría para profundizar las consecuencias que ya empezaron a observarse a partir de las protestas estatales: la paralización anunciada por operadoras y la movilización de los sindicatos petroleros, cuyos dirigentes advirtieron que de persistir la situación se verán obligados a cruzar los piquetes para subir hacia sus puestos de trabajo.

“No es posible aplicar en una sociedad capitalista formas de apropiación de rentas propias del socialismo", explica un docente universitario y conocedor de la actividad petrolera. 

Y agrega: "la base sistémica impide que se aplique ese tipo de mecanismos. Por otro lado, tampoco es posible encontrar soluciones sencillas a problemas tan complejos como el que atraviesa la provincia”.

Los abusos del sistema

En las últimas horas cobró notoriedad la circulación un listado de supuestos ingresos salariales de diputados provinciales y otros agentes del ámbito legislativo o del ejecutivo, que atribuyen ingresos superiores a los 382.000 pesos mensuales.

Fue el diputado Eduardo Conde quien desmintió la información: “el salario de un diputado ronda los 150.000 pesos mensuales –indicó-. Por supuesto que es un monto importante, pero no son los valores exorbitantes que están circulando. Los empleados de la Legislatura tienen un buen salario, pero esas publicaciones no se condicen con la verdad”, aseveró.

De todos modos, más allá de los orígenes o intenciones de tales listados de cargos y salarios, es bueno abrir el debate en todos los sentidos, tanto sobre los sectores económicos con mayor capacidad contributiva como sobre el costo de la política (y particularmente en el modo en que se premian lealtades y militancias a través de cargos con muy altas remuneraciones).

Todos esos costos son solventados por el conjunto de una provincia casi quebrada por los gastos y el obsceno nivel de endeudamiento (lo mismo que explica hoy por qué no se pagan salarios en término ni hay fondos para mantener las escuelas).

En ese debate deberían incluirse también las responsabilidades que les cabe a los gremios estatales sobre un sistema distorsionado por abusos y sobrecostos que nadie desconoce.

El renunciante subsecretario de Educación, Daniel Ehnes, se fue cuestionando con dureza las distorsiones del sistema educativo, sobre el que, dijo semanas atrás, “se paga dos veces: el 50% del costo es real, pero el otro 50% tiene que ver con los abusos que pueden evitarse si hay control”.

Obviamente, tampoco puede dejarse de lado la corrupción estructural, que ha mostrado cómo obras en escuelas terminan transformándose en el kiosco de empresarios cercanos al poder, o en funcionarios que hoy desfilan por tribunales por no poder probar el origen de sus fortunas.

De todo eso, si la discusión es abierta y frontal, tal vez podría llegarse a conclusiones para plantear bases sólidas para apostar a un futuro menos asfixiante, menos oscuro que este presente color café.

Obviamente, tal vez podrá concluirse también que la culpa no es del cafetero, sino de quienes hicieron promesas electorales que hoy no saben cómo cumplir.