RAWSON (ADNSUR) -  El último lunes se habían anunciado dos reuniones muy importantes en Buenos Aires: una de carácter político, que se concretó en las oficinas de Sergio Massa y como ya trascendió, derivó en la conformación de una Mesa de Diálogo entre el gobierno y la oposición para buscar una salida a la crisis, por pedido del Frente de Todos a nivel nacional. La otra reunión, era de carácter institucional con el Ministerio del Interior, y allí el gobierno buscaba gestionar nuevamente fondos frescos para afrontar los compromisos del mes de octubre. Hasta aquí, debido a un pacto de silencio de los protagonistas, casi nada se había filtrado de aquel encuentro, sólo que había sido “positivo” según ambas partes.

ADNSUR accedió a los dos puntos centrales del acuerdo, que puede llagar a ser el eje central de la oferta a los gremios que se hará esta semana, y que por estas horas se estará comunicando a los integrantes de la concertación que busca la paz social, para luego ser comunicado públicamente.

En primer lugar no fue una reunión cara a cara, por eso los cronistas porteños estaban desconcertados, sino que fue una videoconferencia, de la que participaron el gobernador Mariano Arcioni junto al ministro de Economía, Oscar Antonena, y en la que tuvieron como interlocutor principal al ministro del Interior, Rogelio Frigerio. En ese cruce, ante los reiterados reclamos de Chubut para obtener fondos no reembolsables -como son los ATN-, el gobierno nacional respondió que la situación económica del país no lo permite, porque también hay provincias del norte que están requiriendo el mismo tipo de auxilio, como es el caso de Chaco en estos momentos.

Y entonces surgió la opción de conseguir un poco de oxígeno para arrancar octubre con plata en la caja, que permita enfrentar de mejor manera el pago de salarios. De este modo se cerró el acuerdo que hasta aquí se desconocía: la provincia contará con $ 2 mil millones producto de la compra de $ 1300 millones en Letras a través de fondos de la Anses –operación que ya se realizó y que vence en 60 días-; y el monto se completará esta semana con $ 700 millones de un anticipo de coparticipación.

Bien mirado el acuerdo no parece extraordinario, ya que se trata por un lado de empezar a gastar plata que iba a ingresar más adelante, y por otro, de conseguir un dinero que deberá ser devuelto con importantes intereses en dos meses. Pero a la provincia no le queda otra alternativa hoy que vivir el día a día, porque como dijo un funcionario a esta columna, “hablar del mes siguiente es ciencia ficción”. Todos los cañones de esta negociación apuntan a un objetivo central: destrabar cuanto antes el conflicto con los trabajadores estatales.

Para eso, en el gobierno creen que estos $2 mil millones a comienzos de mes permitirían realizar uno de los puntos centrales de la oferta a los gremios: adelantar la fecha de depósito de los tres rangos. Y esto sería posible si hay dinero precisamente en los primeros 15 días del mes, las dos semanas llamadas “secas”, porque según se explicó, recién a partir del segundo tramo del mes la provincia comienza a recaudar producto de los ingresos por regalías e impuestos nacionales y propios.

FECHA DE PAGO

En efecto, el plan que están pergeñando por estas horas el gobernador Arcioni –que ayer viernes estuvo hasta la noche reunido con el círculo más cerrado de su gabinete en la residencia oficial- y que comunicará a los intendentes y diputados que serán convocados hoy para terminar de consensuarlo, tiene como apoyatura clave esta plata acordada con Nación. La primera idea que está circulando, como punto inicial de la propuesta para levantar el paro, es que no se puede seguir con un sistema de rangos en el que el último sector de empleados cobre el 27 o el 29.

Entonces, si efectivamente esta semana el dinero es acreditado, se está pensando en anunciar nuevas fechas más cercanas en el tiempo, que bajen un poco el nivel de bronca de la gente. Por ejemplo, el objetivo de máxima pero que aún debe ser charlado y evaluado a fondo, sería depositar los haberes de septiembre en los días 5, 10 y 15 de octubre, con lo que se adelantaría el pago dos semanas respecto a lo que viene ocurriendo, ya que este mes se pagó al segundo rango el 20 y al tercero el 27.

En materia salarial no se puede hacer mucho más que esto por el momento, según coinciden los integrantes del gobierno y la mesa de concertación, porque el dinero no alcanza para acortar de tres a dos los rangos, ni tampoco para pagar primero a los trabajadores de la educación, que además de imposible desde lo monetario muchos consideran una injusticia con el resto de los empleados. Pero como dijo a esta columna un diputado opositor, “con eso sólo no alcanza”.

Por eso el pedido de los legisladores al gobierno es que busque la manera de ofrecer algo más a los dirigentes sindicales para trasladar luego a las bases, como una proyección concreta del pago de la cláusula gatillo pendiente del mes de julio, y en materia de reinicio de clases, hay un punto que es clave: un plan de reparación de edificios escolares.

LAS OBRAS

Se sabe que el conflicto es general, y que afecta a diversos sectores estatales, pero a los integrantes de la Mesa de Diálogo los desvela el conflicto docente. Por eso saben que además de una oferta que pueda incluir el adelanto de las fechas de pago, para que se vuelvan a dictar clases debe haber indefectiblemente un programa de reparación de escuelas, que por otra parte ha sido exigido por la justicia a través de una medida cautelar. No es casual que uno de los ministros que estuvo ayer reunido hasta tarde con el gobernador Arcioni, explicando su parte del plan, haya sido el titular de Infraestructura, Gustavo Aguilera.

El funcionario que maneja la obra pública –de muy bajo perfil- viene trabajando en secreto desde hace 15 días con Santiago Goodman y Marcela Capón, los dos principales dirigentes de ATECh, en el diseño de un plan de obras de refacciones que fije prioridades de acuerdo al estado de los edificios escolares de toda la provincia. Para ello el gobierno destinó 100 millones de pesos que irán a las obras más urgentes, que en algunos casos ya comenzaron y en otros se pueden realizar -sin más demoras- en el receso de verano.

Un plan de obras es fundamental si se busca descomprimir el conflicto docente y especialmente, como confió otro diputado de la mesa a esta columna, para el desafío de destrabar las tomas de edificios que en muchos casos llevan adelante los mismos alumnos.

“¿Quién se va a hacer cargo de mandar a la gendarmería a desalojar?”, se preguntaba este legislador, preocupado como sus pares por muchas medidas vinculadas a tomas y acampes que no responden a un mandato de los dirigentes. Durante buena parte de estos encuentros, se habla de un aspecto particular de este conflicto en Chubut, y es el descrédito que también sufren –como la clase política- los dirigentes sindicales.

“Hay dirigentes que no manejan nada, la gente no les responde, pero no nos queda otra que sentarnos a hablar con ellos”, dicen en off varios de los integrantes de la mesa sobre los gremialistas, que muchas veces van a las asambleas con una idea y son sobrepasados por demandas mucho más radicalizadas que deben aceptar aunque no las compartan, porque está en juego su legitimidad.

El desafío será entonces que los acuerdos a los que pueda arribar esta concertación política, tengan también el compromiso de los sindicalistas de que van a ser acatados hacia abajo. “Si no, en vez de hablar con este tipo, salgo yo y hablo con los asambleístas, si en definitiva hacen de voceros, no conducen, no manejan a nadie”, se quejaba por estas horas un diputado.

LAS INTERNAS

“Pero además de adelantar el pago de sueldos y hacer un plan de obras, hay funcionarios que deben dejar de ser protagonistas; necesitamos que haya flexibilidad si queremos llegar a un acuerdo”. La frase de un referente de la oposición transparenta un debate interno que se da en la Mesa de Diálogo. Todos comparten que se debe ir a pedir a los trabajadores que cedan en sus posturas más extremas, como los cortes de ruta y el paro; pero para ello, coinciden en pedirle al gobierno que de señales de que también está dispuesto a bajar un cambio.

Para estos legisladores, los anuncios de descuentos de días, inicio de sumarios, denuncias a directores y topes salariales, no ayudan a bajar el tono al conflicto. Como ya se informó, estas medidas fueron producto del hartazgo de la conducción del gobierno, que terminó optando por el ala más dura del gabinete, ante la falta de resultados del sector más conciliador.

“Acá hay muchos a los que les gusta figurar, y deberían correrse un poco si quieren que lleguemos a un acuerdo”, dijo otro legislador en veladas críticas a integrantes del gabinete con un rol de confrontación muy marcado. Lo que piensan varios de los miembros de la comisión, es que estas medidas de sanciones que fueron anticipadas, deberían ser utilizadas como prenda de negociación, el “as en la manga” para sacar a último momento ante los sindicatos. Pero para eso necesitan que el gobernador les dé luz verde, y no ser desautorizados por alguna declaración mediática.

Por lo pronto, una parte del reclamo de sectores autoconvocados es que la Legislatura sesione cuanto antes, y trate una serie de puntos, entre los más importantes, el juicio político a Arcioni y una ley para obtener mayor recaudación de las actividades privadas más rentables, como el aluminio, la pesca, el petróleo, el campo y los juegos de azar. A micrófono apagado, los diputados se muestran asombrados por el nivel radicalizado del reclamo, y como saben que ninguna de las opciones es viable, temen por su integridad física para esta semana, cuando deban retomar las sesiones ordinarias.

Los legisladores tienen asumido que no van a salir fuera del edificio legislativo a otro espacio, y van a esperar a que esté en condiciones, porque es el único que les garantiza una seguridad mínima. Más allá de que el recinto no esté habilitado luego del incendio, y que varios sectores de Mesa de Entradas demanden semanas en ser refaccionados, la idea es que al menos se pueda utilizar el auditorio, pero con la condición de que haya un operativo de blindaje que asegure a los legisladores sesionar con tranquilidad, y no tener que escuchar presiones del público para aprobar tal o cual iniciativa.

Comienza una semana más del conflicto, la décimo primera sin clases, y en el gobierno y la oposición creen que llegó el Dia D. “Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que ofrezcamos, debemos tener garantías de que va a ser cumplido, sino va a explotar todo”, confió otro diputado a esta columna. El lunes la Mesa de Diálogo quiere empezar la semana con un plan de acción. Depende de muchos factores, pero la solución del conflicto estará atada a su suerte.