COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR / Escuchá la entrevista) - Los allanamientos se realizaron en distintas empresas locales en búsqueda de información. Si bien no había ninguna orden de detención, uno de los funcionarios se resistió al allanamiento y lesionó a un oficial de Policia -le quebró la muñeca- por lo que fue detenido y pusto luego en libertad tras imputarlo por resistencia a la autoridad y lesiones graves. En diálogo con Actualidad 2.0, el fiscal Héctor Iturrioz recordó que “la investigación comenzó de manera oficiosa a partir de las declaraciones públicas de un funcionario público nacional” sobre la irregularidad en contratación de empresas durante la emergencia climática del 2017.

Por esto, los fiscales convocaron a (el secretario de Planificación Territorial de Nación, Fernando) Álvarez de Celis, que brindó una declaración testimonial. Y a esto se adosa el testimonio de otro empresario que había sido contratado para brindar el servicio de filmación en drone, que mencionaba algo más concreto en función de la cantidad de barro y sedimento que había que remover y lo que se decía que se removió, con una diferencia importante respecto al volumen que se indicaba en ambos casos.

“Cuando lo contratan, quien daba las instrucciones y gerenciaba la distribución de recursos humanos y maquinaria era un particular y no la municipalidad, y esto le resulta extraño más aún teniendo en cuenta que el particular era contratista del Estado”, indicó Iturrioz sobre otra de las presuntas irregularidades apuntadas por el empresario de drones.

A esto se suma “la denuncia que ya había realizado el Dr. Miguel Criado Arrieta -Asesoría Letrada del Municipio-, porque las irregularidades en la empresa Brother Truck eran visibles, difíciles de disimular”, agregó el fiscal.

“Yo entendí que si había irregularidades, éstas no podrían haber sido gestadas en soledad por los empresarios, toda vez que los partes diarios estaban firmados por funcionarios municipales”, remarcó Iturrioz, quien detalló que “se hacían partes diarios, un supervisor municipal los firmaba, en base a ello se hacía un consolidado de horas máquina y en base a eso se facturaba y se cobraba”.

"Arrieta dice que el reclamo genérico era de unos 60 millones de pesos. Yo tengo información que el Municipio solicitó a Nación el envío de ATN porque se les adeudaba a distintas empresas, entre las que figuraba Brother Truck, por una acreencia de alrededor de 23.6 millones de pesos”, precisó.

“De la documentación que se pudo recolectar de la instancia original de la denuncia de Criado Arreta en modo alguno surge que Brother Truck haya realizado esos trabajos; nunca se pudo establecer por qué el Municipio dice a Nación que le debe a esa empresa 23 millones. La documentación nunca fue remitida”, agregó.

Se denunciaba a la empresa y no a los funcionarios que daban fe de que se habían realizado esos trabajos”, explicó Iturrioz, y agregó que esto debía alcanzar a “inspectores y funcionarios de mayor rango, porque estas diferencias eran tan grotescas que cualquiera podía haberlas detectado, y de hecho el Tribunal de Cuentas las detectó porque fue a instancia de ellos que comenzó el sumario interno”.

El fiscal indicó que, según documentación aportada por el Estado Nacional, a Brother Truck se le había abonado parte de la facturación por un monto cercano a los 4.6 millones de pesos, pero “no encontré ningún expediente que diga que esa empresa había cobrado, que esté la liquidación, la factura, el pago.”

“Todo lo que yo tengo es tentativa. Se hizo todo como para cometer el perjuicio. De todas maneras, la defraudación a la administración pública es un delito de peligro, esto es: creado el peligro de defraudación, hay que darlo por consumado”, explicó.

“Esto generó que se investiguen otras empresas, y hay otras a las que no se les exige parte diario, presentan un formulario impreso, propio, que dicen las horas trabajadas”, sumó Iturrioz. 

“Si establecés la suma de camiones, y promediás los viajes diarios, con el cubicaje (volumen en metros cúbicos) tenés que en 15 días se tendría que haber evacuado todo el barro. Y eso no pasó”, sintetizó y consideró que "esto amerita que la investigación se profundice, y que con premura tengamos que pedir las órdenes de instrucción que se diligenciaron ayer. Yo no puedo decir que éstas sean todas las empresas o todos los funcionarios (involucrados)", y agregó que la imputación concreta se hará después de una evaluación primaria de la documentación recolectada el miércoles, lo que estimó en 15 días.

Un empresario detenido por resistirse a los allanamientos y lastimar a un oficial

Asimismo, recordó que durante los allanamientos un empresario intentó resistir el accionar de los funcionarios policiales, y fue detenido por resistencia a la autoridad y lesiones graves, ya que un oficial de Policía resultó herido.

Explicó que llegó "hablando por teléfono a la empresa donde se estaba realizando la diligencia, y cuando se exhibe la orden judicial, le dan lectura, y le dicen que tiene que entregar su teléfono celular. Primero dice que no tiene, y los funcionarios policiales le dicen que lo vieron hablando por teléfono; entonces cambia la versión y dice que lo tiene en la camioneta. Cundo va a buscarlo el sargento Santana lo sigue, porque sabía que lo tenía entre sus prendas. El empresario ingresa a la camioneta, la pone en marcha y se intenta dar a la fuga. El sargento interviene y recibe esta lesión: lo golpea en la muñeca con la puerta”, relató Iturrioz.

“La intención no era detener a nadie, pero me informan de esta situación y me constituyo rápidamente en el lugar. Me dicen que el teléfono lo tenía todavía entre sus prendas, nunca su intención fue entregarlo”, continuó el fiscal, indicando que el empresario fue demorado, se lo imputó por resistencia a la autoridad y lesiones graves y quedó en libertad, y mencionó que esta actitud podría agravar su situación procesal en el marco de la investigación por presunta defraudación a la administración pública en el marco de la emergencia.