COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR / Escuchá la entrevista) - Miguel Criado Arrieta, el asesor letrado de la Municipalidad de Comodoro, se refirió a la denuncia por intento de fraude por parte de empresas y particulares que realizaron tiempo atrás, y que fue adosada a la investigación que lleva adelante Fiscalía por presunta defraudación a la administración pública,  -que a entender de los fiscales involucra además a funcionarios municipales- y que motivó una serie de allanamientos este miércoles.

“Evidentemente, más de algún vivo ha aprovechado la necesidad de la gente y las consecuencias de esa catástrofe para obtener una ventaja”, dijo a Actualidad 2.0

Recordó que "para transparentar se armaron protocolos para tratar en la emergencia de controlar lo que pasaba", al tiempo que reconoció que "alguna cuestión puede haberse ido de las manos porque había muchos sectores involucrados".

“Nosotros fuimos denunciando las cuestiones que advertimos”, dijo, e ilustró que hasta había choferes que estuvieron en dos vehículos al mismo tiempo.

Respecto al reclamo de Brother Truck, Arrieta explicó que “hacen una presentación reclamando una suma muy importante de dinero, que en su momento no había ni una sola factura en la Municipalidad”.

“Brother Truck reclamaba una suma de dinero que no había facturado, que no se condecía con las intimaciones que hacían a la Municipalidad ni con los montos que desde el municipio se indicaba que podía deberse a esta gente. Por eso instruí un sumario”, explicó.

Menciona que -por medio de un abogado, reclaman primero la suma de 30 millones, y después 60 millones, esto toma estado público, contesto la carta documento y pido el expediente. Entonces comienzan a aparecer un montón de transportistas que habían trabajado para esta empresa y que eran los titulares de la maquinaria”.

“Determinamos que había 10 u 11 personas que habían realizado la mayor cantidad de trabajos, los convocamos, pulimos los partes diarios de trabajo, y se llegó a la suma de 3 millones de pesos”, detalló.

“Estos trabajos fueron los que se reconocieron, a valores que Provincia pagaba para la obra pública, y se firmó con ellos un convenio por el valor de la totalidad de esos trabajos, que era de 3 millones de pesos, y con esto no tienen más nada que cobrar, renuncian a toda acción y todo derecho”, agregó.

“La investigación del Fiscal Iturrioz es muy importante” para establecer si hubo irregularidades y establecer responsables, “pero tenemos que preservar también el principio de inocencia”, sostuvo.

En relación a la falta de documentación al respecto que indica el fiscal Héctor Iturrioz, Arrieta indicó que “la fuimos recolectado de distintos lugares”, aunque no descartó que pudiera haber un faltante que “algún pícaro” que se veía afectado por el contenido pudo hacerla desaparecer.