COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El 26 de diciembre de 2007, 300 m3 de hidrocarburos fueron arrojados al mar debido a una falla durante la carga de un buque petrolero en la monoboya de Termap, frente a Caleta Córdova. El derrame -el más grande de la historia de Comodoro- afectó unos 4 km de costa, contaminando cientos de aves, e impactando profundamente el ecosistema marítimo costero y -con él- la vida económica de los pescadores artesanales del barrio.

La investigación por el origen y las causas de la contaminación fueron llevadas a cabo por el Juzgado Penal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia. Luego el caso fue elevado al Tribunal Oral Federal de esa ciudad. Estaban imputados los responsables de Terminales Marítimas Patagónicas (Termap) -como encargada de abastecer de hidrocarburos a los buques y custodiarlos hasta completar el proceso de carga-, el capitán del buque y los responsables de la empresa armadora Antares Naviera S.A, integrantes de la tripulación del buque Presidente Illia y un superintendente de la empresa Antares.

Se comprobó que el capitán del buque notó una mancha de hidrocarburo en el mar, pero en lugar de alertar rápidamente a las autoridades locales y cortar la carga, fotografió el derrame y lo envió al directivo de la empresa. Esta violación de procedimientos permitió que el crudo derramado alcanzara los 300 metros cúbicos.

 

 

En 2014, el gobierno de Chubut celebró un acuerdo transaccional con la firma Antares Naviera SA, que implicaba el desistimiento tanto del proceso civil como de la querella criminal, a cambio del ingreso de 5 millones de dólares como parte de "una solución adecuada y satisfactoria a la controversia suscitada a partir de los daños causados por la contaminación", indicaba el fallo homologado luego por el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia.

Según se indicó, con la sanción impuesta se cerraron total y definitivamente todos los rubros del reclamo con relación al derrame, y los fondos económicos debían ser destinados a la realización de obras de infraestructura que implicaran un beneficio directo para los habitantes de las zonas afectadas.

Este lunes, el procurador General de la Provincia, Jorge Miquelarena, informó que la Oficina Especial de Delitos contra la Administración Pública -a cargo del Fiscal Rodríguez- "investiga una denuncia por el destino de la indemnización por el derrame de petróleo en Caleta Córdova", según detalló en una serie de publicaciones realizadas en su cuenta oficial de Twitter.

 

Jorge L Miquelarena on Twitter

 

En el mismo hilo, detalla que "la denuncia fue radicada por vecinos del lugar en enero de este año e involucra a funcionarios de aquella fecha e investiga el destino de unos 5 millones de dólares".

Miquelarena recordó que, tras la firma del acuerdo entre el Gobierno del Chubut y la empresa Antares Naviera S.A, "el dinero habría ingresado al Estado con destino específico a la remediación; sin embargo, se desconoce el destino del mismo y es precisamente esto lo que intentara dilucidar la investigación a cargo del Fiscal Rodríguez y su equipo".