COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El documento del PJ denominado “Aportes de Equipos Técnicos de la Unidad” contiene propuestas para el área energética y despierta discusiones en ámbitos petroleros, a raíz de que uno de los principales planteos apunta a desligar las tarifas de servicios públicos de la referencia del dólar, para fijar precios basados en los costos reales de producción.

“Los servicios públicos energéticos, asimismo, son cruciales para un desarrollo económico autosuficiente y el bienestar de los pueblos, elevar su nivel de vida, erradicar la pobreza y propender a la igualdad social”, expresa el documento entre sus fundamentaciones. “Son, por tanto, derechos sociales, y es por ello que los servicios de energía deben tender a su universalización y progresiva accesibilidad, dándose siempre su prestación a una tarifa asequible, justa en función de la situación económica de la ciudadanía y velando por su seguridad jurídica de forma irrenunciable”.

 A continuación, la propuesta deja en claro que no pueden trasladarse automáticamente las variaciones del tipo de cambio, es decir cada aumento del dólar, hacia las tarifas del servicio de electricidad, gas o combustibles:

“Nuestro país es productor de energía. No hay motivo por el que los consumidores deban pagar el mismo valor que se paga en países que no cuentan con recursos. Por ello, los eventuales aumentos del dólar no pueden ser trasladados automáticamente al consumidor. El precio que pagarán los consumidores será fijado nacionalmente, en función de los costos reales de producción y de las necesidades de sus ciudadanos y su desarrollo productivo”.

Asimismo, pondera la importancia de avanzar en una determinación de tarifas en base a análisis de costos reales, lo que descartaría la posibilidad de fijarlas sólo en base a un criterio de conveniencia política:

“Cualquier discusión tarifaria debe estar sustentada en un análisis técnico (social, económico, financiero y, lógicamente, energético) que justifique los cuadros tarifarios y sus readecuaciones. El Estado asegurará la adecuada prestación de los servicios de gas y electricidad a un costo mínimo para los usuarios y de acuerdo a sus ingresos, que posibilite una rentabilidad justa y razonable a las licenciatarias. Para ello, es crucial conocer y analizar como mínimo: la estructura de costos y los niveles de ganancia que vienen obteniendo las empresas, y los indicadores de calidad del servicio comprometidos en las RTI y las inversiones realizadas y requeridas. Al respecto, el Estado nacional, a través de sus entes reguladores, revisará tales indicadores en un plazo de cien días. En ese interín se congelarán las tarifas. Los entes reguladores representarán los intereses de los consumidores, controlarán la debida prestación y tomarán medidas de resguardo de los usuarios y las PyMEs cuando ello no ocurra”.

Congelamiento por más de 100 días

En un apartado de “Propuestas para los primeros 100 días”, se leen algunas de las medidas de urgencia:

-Se creará la Comisión de Revisión Tarifaria Integral que deberá establecer el costo real de producción y transporte de gas y electricidad en un plazo de cien días. Esta comisión continuará sus funciones en los próximos años, siguiendo la evolución real de los costos de generación, transmisión y distribución de la energía.

- Una vez conocida la verdadera ecuación económica de estas empresas, se renegociarán las tarifas de luz y gas, y se desarrollará una política de actualización futura que contemplará: los costos de mantenimiento; el valor de las inversiones realizadas y requeridas; y una tasa de rentabilidad razonable de los operadores. Hasta tanto no esté establecida la estructura de costos, las tarifas permanecerán congeladas.

- Se establecerá una tarifa social de luz y de gas, orientada a hogares que por diversas situaciones no puedan afrontar el valor regular, a organizaciones barriales y comunales que tengan como finalidad la promoción social, y a pequeños y medianos productores.

- Se revisará el marco regulatorio, se intervendrá el ENRE y el ENARGAS, y se desplazarán las conducciones actuales, que representan exclusivamente los intereses de las empresas operadoras.